Probidad

La probidad pública se evalúa a través del nivel de integridad con el que actúan las instituciones gubernamentales en referencia a los recursos del Estado. Los esfuerzos para fortalecer la probidad dentro de un Estado, en su mayoría, son realizados con el objetivo de disminuir el enriquecimiento ilícito al hacer público el contenido de las declaraciones patrimoniales.

El 07 de enero de 2016 se presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Probidad Pública. Dicha demanda fue admitida en la Sala de lo Constitucional, y fue decretada en la medida cautelar solicitada que consiste en la suspensión de la entrada en vigencia de la ley.

Consecuentemente, del 11 al 15 de julio, el equipo técnico de DTJ, participo en diferentes sesiones de trabajo en las que se revisó y actualizó el proyecto de Ley de Probidad Pública para El Salvador y se plantearon las próximas acciones a tomar para el año 2017.

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